CHIQUINQUIRÁ. Agosto 8, 2008. GNV. Un duro reclamo al Gobierno Nacional formuló el senador Jorge Hernando Pedraza por no atender con funcionarios de primera línea los problemas álgidos de los pequeños y medianos productores del sector agropecuario, como lo es la crisis surgida ante la entrada en vigencia de la prohibición para la comercialización de la leche cruda, medida consignada en el los decretos nacionales 616 y 2838 del 2006.
El pronunciamiento en tal sentido lo formuló el congresista en Chiquinquirá durante una reunión con autoridades y representantes de ganaderos del occidente de Boyacá, realizada en el auditorio de la seccional de la UPTC, a la cual había confirmado su asistencia el Viceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar, quien, a última hora, canceló su participación. En su reemplazo asistieron dos funcionarios del Ministerio de Agricultura y uno del Ministerio de Protección Social.
En esta reunión intervinieron el senador Jorge Hernando Pedraza, el representante a la Cámara Juan Córdoba, el Presidente de la Asamblea de Boyacá, los alcaldes de Chiquinquirá, Maripí, San Miguel de Sema, Briceño, Otanche, Caldas, San Pablo de Borbur y Buenavista y representantes de los pequeños y medianos ganaderos de la región.
El senador Pedraza recordó que junto con el representante Juan Córdoba han estado adelantando, desde hace varios meses, gestiones ante los ministros de Agricultura y Protección Social para exigir la reconsideración de esta medida, la cual sería la ruina de miles de personas que derivan su sustente de dicha actividad. Comentó que cumplió la promesa hecha por él en Paipa el 24 de mayo, durante una reunión con pequeños y mediados ganaderos de la región, en el sentido de entrevistarse personalmente con los ministros citados y exigirles una solución efectiva al problema.
Reveló que como respuesta a su petición y a la del representante Juan Córdoba, los altos funcionarios les hicieron llegar el pasado jueves el proyecto de decreto por medio del cual se modifica el decreto 2838 del 2006. La modificación –explicó el senador Pedraza- consiste en categorizar a los municipios colombianos según su número de habitantes para efectos del plazo del cumplimiento de la medida. Los municipios de la clase A (los de más de 1.000.001 habitantes) tendrán dos meses para presentar el plan y el cronograma de cumplimiento y nueve meses para la ejecución de dicho plan; los de la clase B (entre 100.001 y 1.000.000 de habitantes) dispondrán de cuatro meses para la presentación del plan y el cronograma de cumplimiento y 11 meses para la ejecución; los municipios de la clase A (menos de 100.000 habitantes) tendrán cuatro meses para la presentación del plan y el cronograma de cumplimiento y 14 meses para la ejecución.
